Extracto de la Declaración de Madrid-2018 firmada por organizaciones científicas, sanitarias y sociales sensibilizadas con el control del tabaco en España:

Pese a los avances producidos, el consumo de tabaco sigue siendo un problema en España, que exige se tomen las medidas adecuadas

El consumo de tabaco es responsable cada año en España de la muerte de más de 50.000 personas, que en su mayor parte empezaron a fumar mucho antes de alcanzar la mayoría de edad. Como primera causa de muerte prevenible en nuestro país, representa un obstáculo al derecho a la salud y a la vida de los españoles, derecho reconocido en numerosos tratados de derechos humanos ratificados por el Gobierno español, entre otros la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención de la eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 12 establece que los países deben respetar y proteger el “derecho de todas las personas a gozar del máximo nivel alcanzable de salud física y mental”.

La puesta en marcha en 2005 y 2010 de las dos leyes de medidas sanitarias relacionadas con el tabaco contribuyó a una progresiva desnormalización de su consumo y supuso una mejora notable en la salud de la población española.

Los dos efectos primarios de estas leyes fueron la disminución de la exposición general de la población al humo ambiental de tabaco y la desaparición de la publicidad directa e indirecta de sus productos.

Esto contribuyó decisivamente a que aumentara la percepción de riesgo asociada al consumo de tabaco en la población general. En esta última década ha disminuido significativamente el porcentaje de población fumadora, algo que se debe tanto a que muchas personas fumadoras multiplicaron sus intentos de cesación como a que un menor porcentaje de adolescentes se ha iniciado en el consumo de tabaco.

Los logros evidentes de estas dos leyes no deben hacernos perder de vista ni las limitaciones originales de estas normas ni los aspectos pendientes de implementación. Así hoy en día se comprueba que:

• Siguen existiendo ambientes en los que parte de la población se ve expuesta al humo ambiental de tabaco;
• Una de cada cuatro personas adultas sigue fumando, cifra significativamente menor que la del año 2004, pero excesivamente alta para un factor de riesgo que ocasiona la muerte prematura de la mitad de sus consumidores regulares;
• El consumo de tabaco se va concentrando en las personas pertenecientes a los niveles sociales más desfavorecidos, algo que se ve tanto en población adulta como en población infanto-juvenil, y que es especialmente llamativo en el caso de las mujeres embarazadas;
• El sistema sanitario público español -modélico en gran parte de sus áreas- no siempre ofrece a las personas que padecen este trastorno adictivo las posibilidades diagnósticas y terapéuticas eficaces disponibles.

De una manera un tanto paradójica, las mejoras evidentes obtenidas en los últimos años han contribuido a que en determinados ambientes no sanitarios se haya asentado la percepción de que en tabaco ya está casi todo hecho y que ahora es el momento de centrarse en otros problemas de salud pública. Sin embargo, sin pretender minusvalorar cualquier otro problema sanitario, cuyo abordaje clínico y comunitario pueda ser mejorado, la evidencia científica muestra inequívocamente que:

• el consumo de tabaco sigue siendo el principal problema de salud pública de nuestro país, tanto por la morbi-mortalidad que genera como por la disminución que ocasiona en las expectativas de calidad y esperanza de vida;
• existen medidas eficaces de control de tabaco que se han llevado a cabo en otros países, también de nuestro entorno, y que en España aún no se han aplicado o que se han se han llevado a cabo de manera parcial o deficiente.

A las organizaciones firmantes de este documento -científicas, sanitarias y sociales, sensibilizadas todas ellas con el control del tabaco en España- nos preocupa no estar ayudando adecuadamente a una gran parte de la población de nuestro país en este tema, no estar siendo capaces de proporcionarles los recursos que la evidencia científica muestra que son útiles para evitar las consecuencias derivadas de la conducta de fumar y para conseguir resistirse a la presiones directas e indirectas de las diversas industrias transnacionales del tabaco.
Nos preocupa estar fallando especialmente a aquellas personas pertenecientes a los segmentos de población más desfavorecidos, en los que una carencia relativa de diversos recursos (sociales, psico-afectivos o económicos) hace que tengan más problemas para afrontar adecuadamente este trastorno y que presenten prevalencias de consumo mucho más altas que el resto de la población, factor que contribuye -y contribuirá- a aumentar las desigualda-des sociales en salud.

Por todos estos motivos consideramos que es urgente que en nuestro país se tomen una serie de medidas y que volvamos a adquirir el liderazgo social que alcanzamos en Europa en este campo en los primeros años de este siglo.

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