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Millones de personas conviven en España con patologías respiratorias como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (epoc), el asma o el cáncer de pulmón. Lejos de ser solo un problema médico, su impacto está estrechamente ligado a determinantes sociales y ambientales: envejecimiento, pobreza, desigualdades educativas, calidad del aire o tabaquismo. El estudio “Equity in respiratory health: actionable recommendations for Spain”, publicado en Open Respiratory Archives (2025), busca mejorar la atención a estos afectados y reducir las desigualdades mejorando no solo los tratamientos, sino abordando el problema en su conjunto.  

Firman el estudio Carlos Almonacid (Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda), Joan B. Soriano (Hospital Universitario de La Princesa), M.ª Guadalupe Fontán (Consejo General de Enfermería de España), Beatriz González López-Valcárcel (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), Carmen Hernández (Centro de Salud La Guareña, Fuentesaúco), Rafael Manzanera (Universitat Pompeu Fabra), Remedios Martel (exdirectora de Salud Pública de la Junta de Andalucía), Mariano Pastor (Fenaer), Virginia Rodríguez (Servicio de Alergología, Complejo Hospitalario Universitario de Santiago), Isabel Urrutia (Hospital Universitario Galdakao-Usansolo), Raquel Varas-Doval (Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos) y Eusebi Chiner (Hospital Universitario San Juan de Alicante). El artículo describe cómo las desigualdades socioeconómicas repercuten directamente en la salud pulmonar. Las personas con menos recursos suelen vivir en viviendas de peor calidad, en barrios más contaminados o con mayor exposición al humo del tabaco, factores que aumentan el riesgo de enfermedad y reducen la esperanza de vida saludable. Además, el acceso a pruebas diagnósticas básicas —como la espirometría— es limitado en atención primaria, lo que retrasa el diagnóstico precoz y agrava las consecuencias. 

Ámbitos de actuación 

Los investigadores identifican varios ámbitos de actuación. En primer lugar, reforzar la atención primaria, dotándola de más recursos humanos, equipamiento y capacidad de coordinación con hospitales, farmacias comunitarias y servicios sociales. Proponen potenciar figuras como las enfermeras gestoras de casos o de continuidad asistencial, esenciales para un seguimiento personalizado que evite ingresos hospitalarios innecesarios. También abogan por mejorar la conexión entre historias clínicas e incorporar en ellas indicadores de los determinantes sociales de la salud. 

Los autores inciden también en la prevención de las enfermedades respiratorias. El tabaquismo sigue siendo el principal factor de riesgo, y aunque la prevalencia ha descendido, persisten diferencias de género y nivel socioeconómico. Los autores reclaman intensificar las políticas de control del tabaco, adaptarlas a colectivos más vulnerables y prestar atención al auge del vapeo entre jóvenes. También subrayan el peso de la contaminación ambiental, que empeora síntomas y mortalidad en pacientes respiratorios, y que debería abordarse con políticas públicas. 

El estudio revisa además iniciativas ya en marcha que sirven de ejemplo: desde proyectos comunitarios como Radars en Barcelona, que combate la soledad de las personas mayores, hasta programas de educación sanitaria en farmacias rurales de Castilla y León o campañas de concienciación sobre el asma. Estas experiencias muestran que la colaboración entre administraciones, profesionales sanitarios, pacientes y sociedad civil es posible y efectiva. 

Recomendaciones concretas 

En cuanto a las recomendaciones concretas, el grupo de expertos plantea un paquete de medidas: garantizar un abordaje integral y coordinado de las enfermedades respiratorias; facilitar el diagnóstico precoz en atención primaria; asegurar un acceso equitativo a los tratamientos innovadores; diseñar programas de promoción de estilos de vida saludables; y lanzar campañas de prevención y sensibilización en todo el territorio. También reclaman la creación de indicadores comunes para evaluar la calidad y la eficiencia de la atención respiratoria en todas las comunidades autónomas, así como el impulso de la futura Agencia Estatal de Salud Pública para monitorizar los determinantes sociales con una metodología unificada. 

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