El Ministerio de Sanidad ha hecho público un informe que recoge una serie de conclusiones y recomendaciones sobre los aspectos éticos que deben regir el manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19, en el que se rechaza la discriminación por criterios de edad o discapacidad en la asistencia sanitaria.

Entre sus recomendaciones para la toma de decisiones en la aplicación de medidas terapéuticas y de cuidados a pacientes afectados por COVID-19, el documento incluye la «no discriminación por ningún motivo ajeno a la situación clínica del paciente y a las expectativas objetivas de supervivencia, basadas en la evidencia».

Así, aclara que «los pacientes de mayor edad, en caso de escasez extrema de recursos asistenciales, deberán ser tratados en las mismas condiciones que el resto de la población, es decir, atendiendo a criterios clínicos de cada caso en particular», dado que «aceptar tal discriminación comportaría una minusvaloración de determinadas vidas humanas por la etapa vital en la que se encuentran esas personas, lo que contradice los fundamentos de nuestro Estado de Derecho». Y aplica argumentos semejantes para «proscribir cualquier discriminación por motivos tales como la discapacidad en cualquiera de sus manifestaciones, o la que pueden sufrir determinados colectivos de menores de edad».

«En una situación de pandemia marcada por la limitación de recursos», dice el informe, la priorización de acceso a los recursos sanitarios debe hacerse basándose en «criterios objetivos, generalizables, transparentes, públicos y consensuados, sin perjuicio de valorar también los aspectos singulares e individuales que presente cada persona enferma por el virus».

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