La reciente aprobación del anteproyecto de la nueva Ley Antitabaco por parte del Consejo de Ministros ha abierto un escenario esperanzador en la lucha contra el tabaquismo en España. La regulación del consumo de tabaco en espacios públicos, tanto abiertos como cerrados, puede convertirse en un punto de inflexión para muchos fumadores que estén considerando dejar este hábito. Sin embargo, tal y como subrayan la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y Fenaer, las medidas legislativas no son suficientes por sí solas: es imprescindible garantizar un acceso real y equitativo a los tratamientos que han demostrado ser eficaces para dejar de fumar.
Ambas entidades coinciden en que la combinación del consejo profesional con el apoyo farmacológico adecuado constituye la estrategia más efectiva para el abandono del tabaco. No obstante, en la actualidad existen importantes limitaciones en la financiación pública de estos tratamientos que suponen un obstáculo para los pacientes. En primer lugar, la financiación solo cubre tres de los cuatro tratamientos recomendados, dejando fuera la Terapia Sustitutiva con Nicotina (TSN), que incluye opciones como parches, chicles o esprays bucales. Se trata de alternativas seguras, eficaces y con una excelente relación coste-beneficio, por lo que su exclusión limita las posibilidades terapéuticas.
En segundo lugar, los criterios de acceso resultan demasiado restrictivos. La financiación está limitada a personas con un alto grado de dependencia o a quienes consumen más de diez cigarrillos diarios. Sin embargo, muchas personas con consumos menores presentan igualmente una fuerte dependencia a la nicotina y necesitan apoyo farmacológico para lograr abandonar el tabaco. SEPAR y Fenaer reclaman que estos criterios se amplíen para no dejar fuera a quienes, a pesar de fumar menos, se enfrentan a grandes dificultades en el proceso de deshabituación.
Otro aspecto relevante es la rigidez actual en cuanto al número de intentos financiados. La normativa solo permite un intento anual con cobertura pública, cuando las recaídas son una parte habitual del proceso de dejar de fumar. Limitar la ayuda a un único intento cada doce meses no se ajusta a la realidad clínica de muchos pacientes, que necesitan varios apoyos hasta conseguirlo. Por ello, se pide una mayor flexibilidad que permita adaptar los tratamientos a las necesidades individuales.
La doctora Mª Isabel Cristóbal, coordinadora del Área de Tabaquismo de SEPAR, recuerda que, con la nueva Ley Antitabaco, no basta con restringir el consumo en determinados espacios. “Facilitar el acceso a los tratamientos puede contribuir a mejorar la salud pública y acompañar mejor a los fumadores en este proceso. Más allá de las restricciones, ofrecer ayuda adecuada es un aspecto clave”, señala.
En este sentido, SEPAR y FENAER instan al Gobierno a dar un paso más allá de las medidas de prohibición y garantizar un acceso universal y equitativo a los tratamientos para dejar de fumar. Incorporar todos los fármacos disponibles, flexibilizar los criterios de acceso y reconocer la realidad de las recaídas son medidas que, además de mejorar la salud de la población, refuerzan la eficacia del sistema sanitario y reducen desigualdades.
Un compromiso firme en este ámbito permitiría avanzar hacia un modelo de intervención homogéneo en todas las comunidades autónomas y en los distintos niveles asistenciales —atención primaria, hospitalaria y farmacia comunitaria—, reforzando así la lucha contra el tabaquismo en España. Porque ayudar a dejar de fumar no solo es una cuestión de voluntad individual: es una inversión en salud pública, en equidad y en la sostenibilidad del sistema sanitario.
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