El epidemiólogo Wael K. Al-Delaimy, de la Universidad de California San Diego (EE.UU.); y la especialista en salud pública Fiona Sim, de la Universidad de Bedforshire (Reino Unido), urgen a las autoridades a restringir la publicidad de los cigarrillos electrónicos entre los jovenes y a realizar estudios amplios para valorar los daños que estos pueden estar produciendo a quienes los consumen.

En un artículo que se publicó hace unas semanas en el International Journal of Epidemiology, los autores califican a los cigarrillos electrónicos como «un producto que libera nicotina, que es adictiva, con una gama de excipientes y otros aditivos, de los cuales no se exigió a los fabricantes que aclarasen su naturaleza ni su seguridad». Rebaten la creencia, mayoritaria cuando estos dispositivos comenzaron a vendense, de que son menos dañinos que los cigarros convencionales, y critican que se los utilice como sustitutos de estos o incluso como medio para dejar de fumar.

En consecuencia, recomiendan que se exija a los fabricantes de cigarrillos electrónicos, líquidos y otros productos de este tipo que demuestren que estos productos «no están asociados con impactos nocivos para la salud o nuevas adicciones antes de comercializarse», y llama a las autoridades aq «seguir con vigilancia postcomercialización obligatoria e informes similares a los de los medicamentos». También solicitan que se regule la introducción de sabores que los hacen más atractivos para el público más joven y que se sancione «severamente» la publicidad entre este sector de la población. A su juicio, hay que «exigir que la industria del vapeo destaque lo conocido sobre los riesgos por el uso de cigarrillos electrónicos en el empaquetado y en los anuncios, y se abstenga de afirmar que son seguros».

El artículo de Al-Delaimy y Sim pide que se facilite a los jóvenes adictos apoyo para dejar de usar este tipo de dispositivos. Además, reclama «estudios epidemiológicos financiados de forma independiente, incluyendo ensayos clínicos a gran escala, así como a largo plazo», que evalúen los daños y beneficios atribuibles a los cigarrillos electrónicos.

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